El informe sobre las prisiones en la región de Serhat y la región del Mar Negro fue preparado por la Asociación de Abogados de Van, la Asociación de Abogados por la Libertad (ÖHD), la Asociación de Solidaridad y Ayuda a las Familias de Detenidos y Condenados (TUHAY-DER), el Sindicato de Trabajadores de la Salud y Servicios Sociales (SES) y la Cámara de Medicina de Van-Hakkari (Wan-Colemêrg).

El informe, anunciado en el Salón de Conferencias Tahir Elçi de la Asociación de Abogados de Van, cubre las prisiones cerradas Van Tipo F, Van Alta Seguridad, Van Tipo T, Ahlat (Bitlis) Tipo T, Patnos (Ağrı) Tipo L, Iğdır Tipo S, Kalkandere (Rize) Tipo L, Giresun Espiye Tipo L y Beşikdüzü (Trabzon) Tipo T.

El informe, que pone de relieve las violaciones sistemáticas de derechos que tienen lugar en las prisiones, enfatiza que los prisioneros son sometidos a duras condiciones de aislamiento y que sus liberaciones son obstruidas a través de prácticas administrativas arbitrarias.

Violaciones del derecho a la salud

El informe señala que las solicitudes de los prisioneros para ser trasladados a hospitales son rechazadas o demoradas, y en algunos casos, son sometidos a trato degradante mediante la imposición de registros con esposas y búsquedas orales forzadas. Se informa que los prisioneros que se niegan a aceptar estas prácticas son devueltos a prisión sin recibir ningún tratamiento.

Censura de la lengua kurda y publicaciones

El informe señala que durante los últimos seis años, los libros y cartas en kurdo no han sido entregados a los prisioneros en muchas prisiones, bajo el pretexto de que no podían ser traducidos. También indica que periódicos de oposición como Yeni Yaşam, Evrensel y Cumhuriyet, así como varios canales de televisión, están siendo retenidos de los prisioneros.

Restricciones pandémicas en curso

El informe destaca que las actividades sociales, cursos y programas deportivos, que fueron suspendidos durante la pandemia, siguen prohibidos, dejando a los prisioneros en condiciones de completo aislamiento. También subraya que los derechos de los prisioneros a las visitas y la comunicación han sido restringidos, con solicitudes de videollamadas rechazadas por falta de "infraestructura", aunque este derecho ha sido concedido a los detenidos judiciales.

Registros arbitrarios y presión

El informe indica que los registros rutinarios de las celdas se están utilizando más allá de su propósito original, con las pertenencias de los prisioneros esparcidas bajo la imposición de una disciplina de estilo militar, convirtiendo los registros en una forma de presión psicológica.

Liberaciones obstruidas por razones arbitrarias

Uno de los hallazgos más sorprendentes del informe es que la Administración Penitenciaria y las Juntas de Observación impiden sistemáticamente las liberaciones condicionales de los prisioneros sin proporcionar ninguna justificación concreta. Se observa que las liberaciones se demoran rutinariamente basándose en declaraciones vagas como "sin determinación de separación de la organización" o "inclinación a cometer delitos".

Demanda principal: Abolir las juntas de observación

La abogada Mehtap Işık, quien presentó el informe, destacó el abuso de los poderes otorgados a través de nuevas regulaciones y declaró: “Por esta razón, reiteramos nuestro llamado para la cancelación de la regulación correspondiente y para la restricción de los poderes de las juntas de observación penitenciaria o la abolición total de esta práctica.”

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